En una conferencia de prensa realizada esta mañana en la Casa Rosada, Ravier explicó que la militarización de la residencia presidencial se basa en dos factores clave: las amenazas a funcionarios de primer nivel y la llegada del Papa. Según el vocero, el clima de inseguridad ha llevado al Gobierno a adoptar medidas excepcionales para proteger a sus miembros.

Ravier también abordó las declaraciones del Presidente Javier Milei, quien mencionó la expulsión de “10 mil terroristas” el año pasado y de “20.000” este año. Estas afirmaciones generaron controversia y dudas en el ámbito político y en la opinión pública. Desde el Gobierno, se busca aclarar que estas cifras están relacionadas con un esfuerzo por combatir a grupos que amenazan la seguridad nacional. Fuentes oficiales sostienen que la preocupación por la seguridad se ha intensificado tras amenazas concretas, como la que recibió Diego Kravetz, el número dos de la SIDE, por parte de Hezbollah, una organización terrorista financiada por Irán.

Además, se han reportado amenazas de bomba en la Casa Rosada, lo que ha elevado la alerta en altos niveles del Gobierno. A pesar de las críticas y la oposición a las afirmaciones de Milei, la administración defiende su enfoque en materia de seguridad. Ravier reiteró que no se han comprobado irregularidades en las denuncias de la ex funcionaria Marcela Pagano, quien se ha enfrentado a la actual gestión.

La Casa Rosada considera que las denuncias carecen de relevancia y que la seguridad de los funcionarios debe ser una prioridad. El Gobierno también busca desviar la atención de otros problemas, como el aumento del riesgo país, que ha superado los 600 puntos y ha generado preocupación en el ámbito económico.

En medio de este panorama, Milei se prepara para emprender un viaje a París, donde buscará atraer inversores y presentar su modelo económico, intentando cambiar la agenda mediática y política. El clima de tensión en el país refleja la complejidad de la situación actual, donde la seguridad y la economía parecen entrelazarse en un escenario que requiere atención constante.

La militarización de la Quinta de Olivos se presenta como una medida que, aunque polémica, es considerada necesaria por parte del Gobierno para salvaguardar a sus funcionarios en tiempos de crisis.