La resolución 303, publicada en el Boletín Oficial, establece que la jubilación mínima pasará a ser de $444.158,46, mientras que la máxima alcanzará los $2.988.765,82. Además, los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo para Protección Social (AUE) verán un aumento en sus montos, que se fijará en $159.611. Este ajuste responde a la fórmula de movilidad jubilatoria, que se basa en el último dato de inflación disponible.

Por otro lado, las nuevas escalas y topes para cobrar las asignaciones familiares también fueron actualizadas. Los trabajadores que perciban hasta $3.271.814 brutos por mes podrán acceder a estos beneficios, siempre que el ingreso total del hogar no supere los $6.543.628. Estas modificaciones buscan ampliar el acceso a las asignaciones para un mayor número de familias argentinas, en un contexto donde la contención social es una prioridad.

El incremento del 1,93% también se aplicará a otras prestaciones que maneja ANSES, reflejando la intención del Gobierno de garantizar que los ingresos de jubilados y beneficiarios mantengan un poder adquisitivo adecuado en medio de la inflación. La medida ha sido bien recibida por diversos sectores, que la consideran un paso positivo hacia la mejora de las condiciones económicas de los más vulnerables.

A partir de noviembre, los titulares de jubilaciones y pensiones también recibirán un bono de hasta $70.000, destinado a quienes perciben hasta un haber mínimo. Esta ayuda económica se sumará a los montos ya establecidos, permitiendo un alivio adicional para quienes se encuentran en situaciones de mayor necesidad.

El ajuste en las asignaciones y jubilaciones es parte de un enfoque más amplio del Gobierno para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y se enmarca dentro de un compromiso por parte de la administración de Javier Milei con la justicia social y el apoyo a los sectores más necesitados. El aumento del 1,93% en jubilaciones y asignaciones familiares refleja el esfuerzo del Gobierno por brindar un alivio a los beneficiarios en medio de un contexto económico complicado.

La implementación de estas medidas es un indicativo de la voluntad del Ejecutivo de trabajar por el bienestar de los argentinos, priorizando la protección de los más vulnerables en la sociedad.